Reforma hacendaria en Oaxaca. Pros y contras: César Mendoza

abril 3, 2014

Mina a cielo abierto

Mina a cielo abierto

A pesar del ruido que existió en los medios de comunicación por la aprobación y modificación de diversos impuestos, todavía no se puede saber cuál serán las afectaciones -o beneficios- que tendrán l@s mexican@s , especialmente aquellos que pagan impuestos. Por el momento se pueden apuntar algunas cuestiones que ya comenzaron a afectar a nivel estatal, a unos Estados más que a otros o de diversas formas, dependiendo su composición poblacional y geográfica.

En el caso de Oaxaca, una recaudación sustancial y un uso adecuado de los recursos podría cambiar la percepción negativa que se tiene del pago de impuestos, escenario que se puede repetir a nivel nacional. La Reforma Hacendaria permite recaudar más impuestos, pero todavía hace falta ver si se aplicarán de forma correcta.

Este análisis no pretende generar una lista exhaustiva de los pros y contras de la Reforma Hacendaria, toca dos puntos fundamentales que pueden afectar el ambiente y la movilidad de las personas en Oaxaca, sin generar cambios a su favor.

Dinero contra medioambiente

En la reciente Reforma Hacendaria, se plantea que los Recursos Mineros sean entregados a los tres órdenes de gobierno, favoreciendo en ganancias al nivel municipal, recibirá el 50% de los recursos recaudados por la actividad mencionada. La entidad federativa -en este caso Oaxaca- obtendrá el 30% y la federación solo el 20%.

A primera vista, la Reforma Hacendaria genera un “pro” en favor de los municipios que puedan explotar sus recursos mineros, ya que obtendrán ingresos considerables que pueden ser utilizados en para el desarrollo de su comunidad, catapultar a los habitantes a un nivel superior de vida.

La patología que puede surgir al entregar el 50% de recaudación de impuestos por los recursos mineros a los municipios es que actualmente no se cuenta con los mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar la corrupción en este nivel.

Los presidente municipales al ver la oportunidad de tener más recursos, pueden promover a sus localidades con fin de atraer a los inversionistas de la industria minera, sin la necesidad de valorar las consecuencias medioambientales que acarrea el tener una mina.

En efecto, un “pro” de la reforma hacendaria que enamorará a cualquier presidente municipal que esté enterado de que en el subsuelo del territorio que gobierna hay minerales que interesan a muchas empresas, no se traduce forzosamente en beneficio para la comunidad y sí existe la posibilidad de generar mayores problemas a futuro.

Los proyectos mineros en Oaxaca han provocado en los últimos años división y asesinatos en poblados de Oaxaca, como es San José del Progreso o la Sierra Norte de Oaxaca, donde comunidades o algunos sectores de ellas que se oponen a los proyectos mineros se enfrentan casi solos a las transnacionales y, ahora, a los intereses de la clase gobernante que recibirá mayores recursos económicos. Mientras no haya mecanismos que garanticen la publicidad de las voces de las minorías, ni elementos de democracia participativa o directa que reflejen el sentir de la ciudadanía en estos territorios, las decisiones estarán en manos de los gobernantes. Unos cuantos tomarán una decisión que afectará la vida de toda una población de forma irreversible.

Estamos ante un impuesto que posibilita la aparición de un nuevo boom de minas a mediano plazo, pero 15 años después, los problemas quedan y el dinero se ha ido, como apunta Regina Ganem de Fundar.

Cultivos completamente deshechos tierras deterioradas o inservibles. Esto, una vez más, expulsa a la gente del campo a las ciudades, unos de los problemas de los que más padece México y que desenvuelve otra cantidad enorme de consecuencias. También están las afectaciones de tipo cultural, que son tanto materiales —como destrucción de centros ceremoniales y edificaciones monumentales— como inmateriales —prácticas y costumbres inherentes al espacio en donde se desarrollan—.

Con el contexto actual, se puede señalar que el escenario que se avecina es que los presidente municipales pueden ocupar este nuevo impuesto a favor de sus carreras políticas, heredando un futuro poco alentador a su población. Evitar este escenario se puede lograr si los mecanismos de democracia directa y la participación activa pueden evitar que el dinero recaudado quede en manos de la clase política.

El norte pega al sur

Oaxaca es un exportador de mano de obra. El oaxaqueño de escasos recursos, comúnmente proveniente del espacio rural, tiene como una de sus pocas posibilidades para sobrevivir emigrar al norte de México o cruzar la frontera con Estados Unidos.

En la actualidad la migración de oaxaqueños hacia el norte se mantiene, pues la falta de empleos remunerados que alcancen para sobrevivir no se ha materializado en Oaxaca.

Ante esta situación, la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la Reforma Hacendaria, afectará la generación de empleos en la zona norte del país, pues para las empresas es preferible reducir empleos o moverse de país, antes que perder ganancias.

Aunque los senadores por Oaxaca, Eviel Pérez Magaña del Partido Revolucionario Institucional, y Benjamín Robles Montoya, Partido de la Revolución Democrática, hayan vendido la homologación del IVA como un acto de justicia para los pueblos del sur, la realidad supera a esta postura demagógica.

La maquila es uno de los motores de la economía del país y genera en el norte, los empleos que no se han generado en el sur por la falta de capacidad de los gobiernos estatales y locales para producir las condiciones que necesitan los inversionistas.

El 17% del Producto Interno Bruto se genera desde las maquiladoras, aproximadamente 5 mil 100 fábricas. Según el INEGI, emplean, con no muy buenos salarios, a 2.3 millones de personas.

Después de la subida de impuesto, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, reportó que 140 proyectos de inversión se han detenido.

A pesar de la idea de “justicia” por parte de los senadores, sería bueno preguntarles ¿cómo van hacer para recuperar esos 140 proyectos que iban a dar empleos a cientos de mexicanos, entre ellos, los obligados migrantes oaxaqueños que buscan sobrevivir?

En efecto, lo que se vende en el discurso no siempre es respaldado por hechos. Más allá de que Pérez Magaña y Robles Montoya hayan respondido a una lógica de disciplina partidistas, dogmática, recelo, odio o idea mal entendida de “justicia”, el ciudadano tiene la posibilidad de quitarlos del gobierno.

Lo que falta

La Reforma Hacendaria aprobada por el poder legislativo en diciembre de 2013 mantiene la incógnita de su operatividad y aplicación, ya que el cabildeo entre los grupos de interés que representan a los empresarios ha logrado que el 27 de febrero de 2014, Enrique Peña Nieto, haya tenido que generar un “Acuerdo de Certidumbre Tributaria” que promete que los impuestos no volverán a subir en el sexenio.

Por supuesto, el acuerdo favorece a los que cabildearon, los empresarios, y no de forma general a la población.

Es cierto que ante la corrupción en los diversos niveles de gobierno, existe la percepción que los impuestos que se pagan no sirven a la población y sí al despilfarro particular de los gobernantes. A pesar de ello, el pago de impuestos y su correcta aplicación contribuye a generar mejores sociedades, mientras no haya mecanismos que permitan la participación ciudadana en la aplicación del dinero recaudado por el pago de impuestos, no existirá un incentivo de origen para pagarlos.


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