Justificar la violencia en Oaxaca: César Mendoza


VioenciaEnOaxaca3-0

No es normal para la democracia la forma en que se solucionan los problemas públicos en Oaxaca o aquellos entre particulares que son llevados a lo púbico, como el caso San Felipe. Sí es normal para un sistema político que ha tolerado la violencia, por parte de los grupos que tienen poder al interior de la sociedad, como un mecanismo viable -legítimo- para resolver sus diferencias.

Cuando se notan acciones públicas como la de los transportistas afiliados a la CTM, la CNOP o algún sindicato independiente -como el Libertad- o de otros grupos con un grupo de afiliados suficientes para resolver sus problemas por medio de la violencia, alterando el orden público, sin miedo a las consecuencias legales que pueden acarrear, se entiende que la autoridad no tiene el peso suficiente para hacer que la ley se respete.

Aunado a este poder, habría que apuntar que la violencia se justifica por parte de actores que tienen peso suficiente en la opinión pública -como los periodistas, analistas o personas con presencia en los medios de comunicación- y que, muchas veces, con sus comentarios pueden inclinar la balanza a favor de alguien o generar cierta perspectiva superficial sobre un problema sin forzosamente analizarlo a profundidad, pero sí lo suficiente para mantener el status quo.

La violencia por parte de los grupos económicos, políticos, gremiales y sociales es un problema de fondo de la transición política de Oaxaca, no tiene que ver solo con los problemas particulares -falta de empleo, reformas legales-. Es cierto, cada brote de violencia en lo público tiene causas específicas que los hacen estallar, pero los conflictos coinciden en que la solución para hacerse escuchar o imponerse siempre es la misma: la violencia; acompañada por el agandalle, el chantaje, el secuestro del espacio público, la terquedad y el victimismo de quien genera la violencia.

Véase el tuit del político de Movimiento Ciudadano en Oaxaca, para intentar chantajear desde lo público al gobierno del Estado .

O las apreciaciones en un tuit de la periodistas Rosy Ramales sobre el enfrentamiento entre transportistas que dejó un muerto en plena ciudad de Oaxaca.

Apreciaciones de este tipo son muestra de cómo se atiende a los eventos de violencia, cómo se aprovecha a la misma, y cómo se justifica. No apuntan al problema de fondo, sí a la justificación de la violencia como una herencia histórica que reconoce la normalidad de este tipo de reacciones.

La violencia actual en Oaxaca no es un fenómeno que apareció con el conflicto gremial y social del 2006, solo se consolidó, el evento fue el parteaguas para que el mecanismo de presión al gobierno-que ostenta la autoridad aunque no tenga siempre el poder- sobreviviera al proceso de transición política de Oaxaca. Es, la violencia, una patología de las deficiencias de nuestro proceso estatal de transición y de la falta de arraigo -como de promoción- de una cultura acorde a la democracia.

La violencia pública para controlar ciertos espacios de poder -sean cargos públicos, contratos laborales, puestos políticos o gremiales- se puede analizar desde causas particulares. Hacer análisis específicos de lo sucedido del evento, explican la coyuntura que se está viviendo, pero, después de que la violencia se genera de forma constante, mes a mes en Oaxaca, se deben comenzar a buscar patrones, como aceptar patrones que pueden indicar o señalar el fondo del asunto.

En este caso, el fondo del asunto apunta, como una causa, a que la autoridad y el poder en Oaxaca están disociados. La autoridad no quiere ejercer el poder por miedo a dejar de ser autoridad, con ello demuestra que no tiene el poder suficiente ante otros De arriesgarse a ocupar la violencia legítima que reside en la autoridad y fallar, sabe que perderá las cuotas de poder que le corresponden al grupo que está en el gobierno; en otras palabras, si la actual autoridad intentara frenar la violencia de otros, como pueden ser los transportistas o la CNTE y fallara, tendría otro escenario parecido al 2006 o no podría mantener los puestos de elección que actualmente ostenta ante las próximas elecciones, no ser eficaz costaría el poder, actuar, ante lo que se ve como normal y se tolera, permite seguir en competencia.

Los que tienen el poder, no quieren estabilizar el poder, ni generar reglas del juego que eviten la violencia, sino seguir en la lógica del más fuerte, el estado natural del autoritarismo que heredó Oaxaca del priismo. Mantener dicha lógica del poder, permite que cada grupo mantenga los costos de poder que hasta el momento ha ostentado o, al menos, perder la menor cantidad posible.

En el caso del enfrentamiento de los transportistas de la construcción ante el contrato que da un tercero, o sea, la empresa que construirá un Home Depot, una empresa privada -no pública o perteneciente al gobierno-, no se entiende por qué un sindicato va a negociar con otro su participación, pues en un sistema de mercado, lo lógico es la competencia y que solo compites por aquello que puedes cumplir. Otro escenario, indicaría que los llamados sindicatos “independientes”, comúnmente de menor tamaño, solo están funcionando como satélites de otros grupos. 

Cuando se notan estos acuerdos al margen de la empresa o el que contrata, ya no se trata solamente de la desconfianza, sino de posibles acuerdos “oscuros” que pueden hablar de desventajas laborales a los que se está invitando a “compartir” el pastel, o sea, una subcontratación al margen de la ley.

Pero más allá de estas interpretaciones de un caso y las justificaciones para estallar la violencia, como el tuit de Ramales, queda en el fondo, precisamente, la habilidad para justificarla, señalar que solo con la violencia se hace caso a las demandas, que no hay más mecanismos.

En este sentido, el politólogo mexicano José Antonio Crespo -en su ensayo “Contra la historia oficial”, nos recuerda que durante décadas nos enseñaron que la violencia, no el diálogo, está justificada como camino para generar cambios sociales. Lamentable que bajo esta visión, se guarde un silencio sobre lo que no compagina en las aspiraciones democráticas de una sociedad y un gobierno que hizo propaganda bajo esta idea, para luego solo tolerar la violencia.

En conclusión, si la violencia se mantiene en Oaxaca es porque el gobierno permite esa violencia. Silenciar, por medio de solo manifestar una visión coyuntural sobre los fenómenos donde se practican métodos violentos para imponerse es, en el fondo, respaldar la violencia para mantener a un gobierno inoperante que no ha transmitido a la sociedad que necesita su respaldo para erradicar estas prácticas.

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Nota: Una versión de este texto se publicó en la página web Oaxaca 3.0 el 17 de febrero de 2014

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