Amedi Oaxaca y la iniciativa de ley de comunicación gubernamental: César Mendoza


Amedi

El proyecto de Decreto referente a la“Ley de Comunicación Gubernamental para el Estado de Oaxaca” que ha presentado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información capítulo Oaxaca (Amedi Oaxaca) es síntoma de la instauración política que vive este estado.

Al lado de la participación de Amedi Oaxaca, que se debe celebrar, se esté de acuerdo o no con su propuesta, los medios de comunicación oaxaqueños han hecho un simple mutis, no podía esperar más de ellos. El actuar de la prensa oaxaqueña en estos primeros años de gobierno de la alternancia estatal se resume en que su silencio ante los cambios de corte democrático es un grito desesperado porque nada cambie en la relación que mantiene con el gobierno. La acción de la Amedi y la prensa son síntomas de cambio político.

Si el proyecto de decreto de la Amedi es síntoma de la instauración política que promueve la democracia, el silencio de la prensa oaxaqueña ante este proyecto es síntoma de resistencia a la democracia, pero también muestra de apoyo al régimen autoritario que fue derrotado en las urnas.

Los primeros años de la democracia se caracterizan por estos vaivenes y encontronazos entre actores surgidos u organizados en el periodo de la transición política con aquellos que fueron piezas clave en el soporte del régimen autoritario. Es preferible ocupar esta clasificación entre actores prodemocráticos y autoritarios que aquella que utiliza términos como “progresistas”, “conservadores”, “liberales”, etc., pues pensar que el conservadurismo es sinónimo de autoritarismo es un error. La democracia siempre tiene un sector “conservador”.

Señalaba en el párrafo anterior que este tipo de vaivenes son normales, pero no por ello se debe estar alejado de la discusión, mucho menos dejar la democracia en manos de la clase política. Primero, porque la clase política en las diversas etapas de la transición política está interesa en sobrevivir políticamente; segundo, en el proceso de instauración a las fuerzas políticas, grupos que controlan cierto poder al interior del sistema político, interesa incrementar el poder o, al menos, mantener una cuota de poder que sea satisfactoria. Por ello todos los grupos de poder originarios quieren mantenerse y evitar que nuevos actores políticos influyan y resten control de poder. Esperan que la efervescencia de la ciudadanía y la sociedad civil pase, el mar recupere la calma después de las elecciones que han derrocado al partido hegemónico y quede en ellos el proceso de instauración política, el cual si es demasiado poroso conserva las bases del autoritarismo, permite que la entrada de nuevos actores políticos sea reducida y controlada por la clase política ya existente. Si los actores de la sociedad civil no tienen los mecanismos para ser el contrapeso del sistema político y económico, la democracia, como forma de gobierno y vida, es simplemente de papel, pero no de hechos.

 Oaxaca ha entrado en el proceso de instauración política por buen camino, mejor que a nivel federal, pues cuenta con una reforma política que expande los mecanismos de participación ciudadana que se heredaron del régimen autoritario priista. Sin duda, toda reforma política e institucionalización que se hace en la etapa de instauración es imperfecta, pero da base, cimiento, piso a la democracia y el rumbo que debe tomar la política. El objetivo de la instauración es que la ciudadanía cuente con mecanismos para incidir en la democracia en su etapa de consolidación y sea ella quien renueve el sistema político ante crisis futuras e integre a los nuevos grupos de ciudadanos que surgen a lo largo del tiempo. Es en este sentido que la democracia es un proceso inacabado. Sin el proceso de instauración política, esta posibilidad no existe.

La crítica siempre es importante en la democracia, permite retroalimentación y su rol en la instauración es fundamental. Cada que se presenten propuestas que postulen principios democráticos y relaciones de poder al interior del sistema político que permitan el control del mismo a favor de la ciudadanía, la instauración avanzará. No por ello debemos dar por sentado que todo está bien, pero tampoco es favorable cerrar la puerta a las reformas y cambios a la ley que permiten la búsqueda de un punto de equilibrio democrático en el sistema político. Hay que entender que la crítica no es “demolición”, sino hallazgo, reconocimiento de “pros” y “contras”; además, permite contextualizar el objeto criticado. En otras palabras, no se deben confundir los niveles del objeto criticado, mucho menos descontextualizarlo. Sartori señala en su libro “¿Qué es la democracia?” la diferencia entre la democracia real (descriptiva) y la democracia como “deber ser” (prescriptiva), si vamos a analizar la primera lo haremos con herramentales que permitan su contextualización y medición, o sea, no pedirle estar en un contexto del deber ser, ni ser analizada con categorías que no son para lo “real” y sí para lo ideal. Comúnmente cuando estos dos niveles o distinciones de análisis se confunden o se utilizan sin ningún parangón se termina por descalificar todo o aprobar todo sin crítica válida o comprobable, o sea, se ganan las batallas en papel, pero no en los hechos. Se hace una crítica falsa que llama al puritanismo en la construcción de la democracia cuando requiere pluralidad, conflicto. Por ello estuve -y estoy- en desacuerdo con la crítica puritana que hizo Educa a la Reforma Política de Oaxaca que se aprobó en este año que casi concluye, porque en su documento “crítico” hablaba en nombre del pueblo y no reconocía que lo aprobado, con sus imperfecciones, permitía mayor participación ciudadana, pero sobre todo abrir o ensanchar la puerta de la política gubernamental a los actores centrales de la democracia, los ciudadanos.

Ahora Amedi Oaxaca toca un tema trascendental para las democracias actuales y todas aquellas sociedades que aspiran a ella: la relación Medios de Comunicación y Gobierno o Prensa y Poder. El hecho de presentar la iniciativa ya es un reconocimiento de la aspiración de los ciudadanos por parte de la asociación, la democracia. Aunque también es el reconocimiento del “otro”, del “tu”, al señalar que uno de los motivos que tiene la asociación para presentarla es por la iniciativa que presentó el diputado local Carol Antonio Altamirano. Hay un debate, no sólo en foros, sino en el proceso de institucionalización, o sea, es un hecho que se quiere cambiar la relación, despedir una relación autoritaria que fue normal en el régimen priista, pero que no cumple con los postulados democráticos.

Fortalezas en la iniciativa

La fortaleza a destacar en materia general en la iniciativa de la Amedi es que propone una nueva relación en su proyecto de decreto, más que una regulación entre el Estado y los medios de comunicación, de la cual no escapa ningún tipo de medio, ni área del gobierno, sea a nivel estatal o municipal. Por supuesto, el poder legislativo y judicial están contemplados.

La transparencia es el valor fundamental que se propone en esta iniciativa, más que las libertades de pensamiento y expresión que fundamentan la existencia de la opinión pública. Que la transparencia esté en la base no es gratuito, sirve para justificar los contrapesos y existencia de generar un tercer actor, la ciudadanía. En mi texto “Medios de comunicación y transición política en Oaxaca. Propuesta de pesos y contrapesos con participación ciudadana”, precisamente abordo el tema de la participación ciudadana como un contrapeso a los dos actores principales de la relación “medios de comunicación – gobierno”.

Tener un “Consejo Ciudadano para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental” permite que la prensa no viva en descontrol, pero tampoco se atenta contra la libertad de expresión, ya que lo único que se evalúa es que la publicidad gubernamental cumpla con sus objetivos. En otras palabras, monitorear las campañas de publicidad gubernamental es medir la forma en que el gobierno realiza su publicidad, qué objetivos tiene y a quién va dirigida. La propuesta sólo evita que los recursos públicos se utilicen para fines individuales de los funcionarios y/o políticos que están en cargos públicos. Si algún político quiere tener su campaña en medios tendrá que hacerlo con su dinero.

La iniciativa de la Amedi muestra preocupación por la Corporación de Radio y Televisión (CORTV), que tiene la mayor cobertura en el territorio oaxaqueño, promueve una repartición de los tiempos en los medios públicos que asemeja a los tiempos oficiales que tiene el gobierno federal o los que actualmente realiza el Instituto Federal Electoral (IFE).

Reglamentar la CORTV en publicidad gubernamental es urgente, ya que hasta estos momentos el canal de televisión y radio pública sólo funciona como un canal oficial no del Estado, sino del gobernante en turno.

En este tenor, todavía hace falta una iniciativa que proponga la reglamentación de los contenidos de la CORTV que promueva la inclusión de la sociedad civil y que se apegue a principios democráticos, pero avanzar en el tipo de publicidad gubernamental ya es un logro de la iniciativa de la Amedi.

La propuesta por la forma en que se plantea acarrea diversos problemas de origen que pueden derivar en espacios autoritarios o centralización del poder que repitan prácticas autoritarias gubernamentales o generen presencias desproporcionadas.

El problema con este tipo de iniciativas no se ha logrado resolver en México desde el proceso de transición política federal de los años noventa y actualmente han provocado que la partidocracia se adueñe del Instituto Federal Electoral. Aunque, insisto, no por ello debemos descalificar la propuesta por entera, sí debe de convocar a un proceso de reflexión a los interesados. Por mi parte, estoy de acuerdo con la iniciativa, pues refleja parte de las preocupaciones y análisis que he hecho en este tema. Veamos cuáles son los inconvenientes.

 Debilidades y amenazas en la iniciativa

Preciso que sólo me he referido de manera general a las cuestiones que he considerado positivas en la iniciativa de la Amedi que eran de mi interés. La iniciativa tiene diversos alcances técnicos que se deben reconocer y fundamentan diversas teorías de pesos y contrapesos en regímenes democráticos, muy de la mano con las ideas de la escuela estadounidense de Ciencia Política. Para este apartado de críticas y preocupaciones, pongo atención en aquellas que considero trascendentales y apegadas a las relaciones de poder, aunque hay otras que también preocupan, pero en otra escala y áreas, como es aquella de las campañas diferencias entre medios públicos y privados que puede hacer el gobierno y la falta de diferenciación entre medios con alcance estatal y nacional.

Ejecutivo estatal centro, municipal no

En el Capítulo III titulado “Del uso de tiempos del Sistema Estatal de Televisión: La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión” en su Artículo 22 señala que los tiempos en radio y televisión de la “CORTV” serán utilizados de “forma proporcional” y se “distribuirán de acuerdo a lo siguiente: I. Al Poder Ejecutivo le corresponderá 40 por ciento; II. Al Congreso le corresponderá 20 por ciento; III. Al Poder Judicial le corresponderá 10 por ciento; IV. A los órganos constitucionales autónomos le corresponderá 10 por ciento, y V. A los municipios 20 por ciento”. A primera vista todo parece en orden, el poder Ejecutivo es más grande y es el núcleo del sistema político oaxaqueño

El problema es precisamente pensar que el Poder Ejecutivo es el núcleo “intocable” que requiere mayor acceso a los medios para anunciar todas sus obras públicas y beneficios que traen a la ciudadanía. Es muy cierto, esto es así, pues en el poder ejecutivo recae la administración pública. El problema reside cuando los poderes ejecutivos existentes al interior de un Estado se valoran solo en una escala vertical entre ellos y no se verifica el orden que tienen, en cercanía, con los gobernados.

Mantener la distribución que propone la Amedi Oaxaca permite que el Poder Ejecutivo estatal siga reinando en los medios de comunicación como lo hizo en el régimen autoritario. En este sentido, la distribución propuesta nace de un prejuicio – utilizo el término como hace Hannah Arendt en Was ist Politik? Aus dem Nachlaβ (¿Qué es la política?)- formado en el autoritarismo, considerando que sólo hay un centro de poder y que este necesita los medios para operar, provocando que los contrapesos se vuelvan disfuncionales o con un desbalance desproporcionado a favor de uno. El Poder Ejecutivo dobla en porcentaje de distribución al Congreso local y tiene tres veces más de tiempo que el Poder Judicial.

Señalaba que esta distribución se puede justificar por medio de la Administración Pública, ya que el Ejecutivo realiza esta función. De ser así, no hay una compresión de por qué el pequeño poder ejecutivo municipal, en una relación vertical con el estatal, tiene sólo la mitad del tiempo que el “grande” estatal. En efecto, si el Ejecutivo estatal es responsable de la administración pública en todo el Estado, el Ejecutivo Municipal lo es en un determinado territorio.

Ante esto, la idea de la distribución sólo comprueba un prejuicio que hemos heredado en las relaciones verticales de las unidades del sistema político, cuestión que tiene que ver no sólo con pesos y contrapesos, sino con cohesión y covarianza.

Por otra parte, pero en este tenor, la política vive bajo un prejuicio “negativo” que se hereda de la violencia que ejerció el régimen autoritario. Un punto importante que recupera la democracia es que la política sea vista como una posibilidad de paz y no de represión. Ante esto, la mayor cercanía que tienen los gobernados no es con las autoridades estatales, ni siquiera con la administración pública estatal, sino con lo local.

El ciudadano vive la política y la forma de gobernar en aquello que le es más próximo del sistema político, las autoridades locales, o sea, los gobernantes municipales que son encabezados por el presidente municipal, figura que se asemeja a la de gobernador o presidente del país, pero una verticalidad que lo ponen en el inicio del sistema político, no en el centro del poder.

 Si la distribución quiere ser más equitativa y terminar con los prejuicios del presidencialismo mexicano autoritario debe recuperar el lugar del municipio como el contexto inmediato “lo que nos hace tener una concepción de la política”, como señalo en mi texto “El vómito de la feria, reivindicar la política desde lo local”.

La posibilidad de reivindicar el municipio como lo local que influye en nuestra concepción política y nos acerca a la democracia como forma de gobierno, permite la redistribución de la distribución que propone la Amedi Oaxaca, generando mejor contrapeso político y terminar con la repetición del “prejuicio” heredado del autoritarismo, más cuando son medios públicos los que tienen mayor alcance en el territorio de un estado, como es el caso de la CORTV.

¿Qué se puede proponer? Restar 10% al Poder Ejecutivo y sumarlo al 20% de los municipios. O sea, la distribución quedaría: 30% Poder Ejecutivo, 20% al Congreso, 10% al Poder Judicial, 10% a los órganos institucionales y 30% al municipio. Hay un mayor equilibrio en la división de poderes. El 10% extra en el Ejecutivo Estatal se justifica con la administración pública. En el caso del municipio en Oaxaca se debe tomar en cuenta que existen 570 municipios el 20% asignado era poco, tomando en cuenta que la mayoría de ellos sólo tendrá acceso a la CORTV por los costos de los medios privados. Además, se debe considerar que hay municipios de Oaxaca sin la cobertura de radio privada y televisión abierta, pero en manos de corporativos.

Hacer esta distribución garantiza mayor equilibrio en la distribución de los tiempos en la CORTV.

 El problema del IFE

Hay un problema inherente en la institucionalización de nuestras “instituciones” de corte democrático y es la elección de las personas que las dirigen.

El IFE y el IFAI se han ciudadanizado para elegir las cabezas que los dirigirán, o sea, los consejeros provienen de la sociedad civil y los grupos que la conforman, pero los que toman la decisión final, supuestamente después de que los postulantes pasaron por un proceso de selección, son los legisladores.

En la propuesta de Amedi Oaxaca en el Capítulo III de “Consejo Ciudadano para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental” en su artículo 35 tenemos que el Congreso designará por medio de las 2 terceras partes de sus integrantes a un consejero Presidente y seis consejeros ciudadanos, o sea, provenientes de la sociedad civil.

Los consejeros tendrán que ser especialistas en el tema, tener una probada trayectoria y amplio reconocimiento en “comunicación social y el derecho a la información”. Se obvia algo, para que el consejo ciudadano tenga un grado de ciudadanía – aunque sea mínimo – todo aquel que lo integre no debe militar en un partido político o haber militado en años previos a su elección.

Por supuesto, este candado no elimina las relaciones profesionales o privadas que los posibles consejeros puedan tener con políticos o partidos políticos. El IFE es la fiel prueba de que la ciudadanización sólo es de nombre, pues los consejeros actuales y los anteriores respondieron a los intereses de los partidos políticos por medio de sus legisladores. En otras palabras, el congreso se reparte los nombramientos del IFE. Algo similar sucederá en Oaxaca con el Consejo Ciudadano que propone la Amedi, no porque sea un mal de la propuesta, sino del mecanismo. En Oaxaca sucedió con la elección de Consejeros Electorales para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los consejeros no llegaron por probadas trayectorias, ese no fue el peso específico, solo un requisito, sino por su relación con los partidos políticos.

Resolver este problema es un tema mayúsculo para la democracia en México, no atenderlo es enfrentarse a escenarios como el que se vivió en 2006, que tiene uno de sus antecedente en la elección de consejeros del IFE que se dio a mitad del sexenio de Vicente Fox y donde los legisladores lograron cumplir con las reglas de procedimiento, pero no incluyeron a todas las fuerzas políticas. También está el caso que vivimos en los últimos años, donde la falta de consenso en el poder legislativo provocó que el IFE operara sin tres consejeros.

Por otra parte, el tiempo que duran los consejeros en el cargo es de 2 años, poco tiempo para conocer las cuestiones administrativas, fortalecer la institución, generar metas a largo plazo. Tiempo que quedará a discusión y que puede equipararse en duración a la de diputados locales sin coincidir en la elección de los mismos, permitiendo que un Consejo evalúe a un Congreso que no lo eligió, evitando la idea del compromiso o pago político por elección.

La cuestión que sí escapa en el texto tiene que ver con la reelección, no señala si la reelección es finita o infinita. Dejar una reelección infinita promueve, en casos como el de nuestro país que no tiene una historia parlamentaria, el desgaste de la institución por la forma personal de gobernar del político, en este caso consejeros.

 Difundir y proponer

Sólo me queda insistir en que no se debe descalificar la propuesta de tajo y sí contribuir con la crítica para vislumbrar sus posibles debilidades y amenazas.

Es importante que las iniciativas ciudadanas y las del poder legislativo salgan de sus círculos y lleguen a los círculos de otros grupos. Que tengan la mayor publicidad para que la población las conozca, tener como cuestión normativa que todos los oaxaqueños deben saber de su existencia y a su vez las entiendan. Hacen falta foros para debatir estas propuestas, pero sobre todo para que las presenten.

Comparto la propuesta de la Amedi en lo general, espero no quede solo en iniciativa y la sociedad civil presione para que el poder legislativo de Oaxaca la apruebe. Ojalá y sea enriquecida por otros sectores.

Qué cinismo por parte de la prensa oaxaqueña para no darla a conocer y opinar sobre ella. No tengo duda que muchos medios de comunicación en Oaxaca cabildearán para que esta iniciativa se quede en papel, en el congelador que los diputados tienen para que evitar que la democracia los dañe a ellos y sus grupos de presión, muchos de ellos, medios de comunicación que viven del dinero público.

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Una respuesta a Amedi Oaxaca y la iniciativa de ley de comunicación gubernamental: César Mendoza

  1. […] sobre las tres propuestas. En el caso de la iniciativa del Capítulo Oaxaca de la AMEDI he escrito un artículo previo en donde analizo extensamente su propuesta, la cual ha resultado la más completa de las tres y la única que tiene un enfoque destinado a […]

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