Aborto en México, cuando la opinión pública no cuenta: César Mendoza


La decisión de unos cuantos

OAXACA, México.- En medio de la discusión sobre el tema del aborto en México, de manera específica la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló las llamadas “leyes antiaborto” que se han promulgado en la mayoría de los estados que integran la República Mexicana, muchos argumentos se han vertido para indicar si se está en contra o a favor de la decisión tomada por la institución de justicia mexicana. Las posturas sobre la decisión de la Corte resumen el debate en México.

A pesar de que el tema se ha debatido en diversos públicos de la sociedad civil mexicana y en la sociedad política, es necesario decir que sólo se ha tomado en cuenta la opinión de los magistrados y lo que opinan -algunas- las legislaturas locales. En este sentido, el debate del aborto, aunque debatido de manera amplia en los públicos mexicanos, sólo ha sido definido por una cúpula del poder en México.

En efecto, las opiniones que pueda tener la sociedad civil mexicana, como espacio que alberga a los ciudadanos interesados en los temas públicos, sólo han servido pare revestir el debate como si se tratara de una decisión democrática, tomada por todos y basada en la legitimidad que ostenta el ser representantes de la mayoría. Lamentablemente, esto es totalmente erróneo y muestra no un falso debate, pero sí una decisión de unos cuántos que se envistieron como “interpretadores” de las opiniones de la mayoría y apoyaron una de las posturas que hay en el espacio público.

Antes de seguir la discusión de aborto en México, si se está a favor o en contra de que las mujeres puedan abortar, es necesario reconocer que las opiniones que se vierten y las posturas que existen en la mayoría de los mexicanos no son tomadas en cuentas por las autoridades mexicanas, o sea, nuestros representantes, si reconocemos que nuestra democracia da para organizar procesos electorales con reglas claras y un nivel de competencia. Sí, nuestros representantes tienen un poder de decisión que les podemos haber otorgado, pero no han reconocido que existen ciertos temas que afectan de manera trascendental a toda la sociedad y, de manera específica, la convivencia social que se tendrá en los próximos años. Es necesario reconocer que hay temas, por su trascendencia en la convivencia social, que deben ser consultados con la ciudadanía, pues afectan de manera importante a lo político, entendiendo que en una democracia, lo político es el “autogobierno”, los valores y cultura política que tendrá una sociedad determinada en un Estado.

Por otra parte, la representación en la democracia tiene sus límites, lo cual permite reconocer que hay decisiones que toman los gobernantes que deben ser consultadas con la ciudadanía y allí entre todos tomar una decisión, correspondiendo a los representantes operativizar estas decisiones.

El politólogo italiano Giovanni Sartori, reconoce en su texto sobre “opinión pública”, contenido en el libro “Elementos de Teoría Política”, que la opinión es doxa,no es episteme, no es saber o ciencia”; además, la opinión pública se sitúa en el contexto de las democracias contemporáneas como la única forma de gobierno que permite su existencia. También es necesario decir que si la opinión pública no existe en una democracia esta no es democracia.

A pesar de que la opinión pública es un concepto que nace con el advenimiento de la modernidad y las luchas por la democracia, durante todo el recorrido que ha hecho hasta nuestros días, siguen existiendo voces que niegan la democracia bajo el argumento que no se debe tomar la opinión de todos los participantes, porque el pueblo “no sabe”. En efecto, pensar que la ciudadanía no debe opinar porque sus opiniones no son inteligentes o están cargadas de sentimientos y razones, es simplemente negar la democracia. Cuando se emite un voto a favor de una opción partidista o por un personaje, se está emitiendo una opinión. Por ello es que coincido con Giovanni Sartori cuando señala que la “democracia representativa”, la democracia en grande que tenemos en la actualidad, debe ser caracterizada como “gobierno de la opinión”. A la democracia, dice Sartori, “le basta la doxa, que el público tenga opiniones”.

El problema que enfrentamos en México tiene que ver -precisamente- con la opinión y el voto. En términos de Vicent Price, en su libro Opinión Pública, la opinión pública es medida por las democracias actuales por medio del voto, o sea, el “público que vota” es aquel que manifiesta de manera operativa y medible su opinión al señalar que apoya alguna postura, candidato o partido político para que represente sus intereses como ciudadano, se ve representado (es muy probable que no al 100%, pero sí en un nivel que pasa su umbral para apoyar determinada posición política). Decía que el problema en México es de opinión y voto, porque los ciudadanos mexicanos sólo tenemos derecho a que nuestra opinión sobre temas de relevancia política o sobre el estado de la cosa pública sea tomada en cuenta, medida por medio del voto, en un sólo tema: elegir a nuestros representantes, que para colmo, fueron electos por un partido político, pues no tenemos candidaturas ciudadanas. El problema es que los temas que afectan la convivencia social y configuran la sociedad que conformamos todos, no sólo nuestros representantes, son decididos por unos supuestos “representantes” que no consultan la opinión de la ciudadanía por medio del voto, o sea, niegan la democracia al no generar mecanismo de participación ciudadana que permitan que la opinión sobre temas de relevancia política o del estado de la cosa pública se decida por la mayoría. Esta actitud demuestra que nuestros actuales representantes políticos consideran que la opinión de los ciudadanos no importa, porque “no saben”, como mencionaba en párrafos anteriores al retomar a Sartori, se niega a la democracia.

La cuestión es que hasta el momento la decisión sobre el polémico tema del aborto, que no afecta sólo a nuestros representantes políticos, sino, primero, a las mujeres mexicanas; segundo, a su pareja; tercero, a la familia, y; cuarto, a la sociedad, ha sido tomada por unos cuántos que han considerado que con la interpretación que hicieron de las opiniones de la mayoría bastaba. Es muy probable que los magistrados, los políticos, grupos de la sociedad civil y de interés y presión, como son las iglesias, estén bien informados, pero eso no quita que su opinión, y por lo tanto, su voto, deje de ser el reflejo de sus “estados mentales” es decir, sus necesidades, deseos, valores y disposiciones (Sartori).

Las opiniones en una democracia deben contar por igual, cuestión que no quita que existan opiniones que sean más influyentes que otras, pero que siguen valiendo un voto, igual para todos. Por ello es que considero que el tema de las leyes antiaborto son una decisión autoritaria de la clase política y gobernante de México. Así hubiera ganado la decisión a favor del aborto, mientras no exista la posibilidad de contar la opinión de los públicos por medio del voto, seguiría siendo autoritaria.

Desde mi postura, seguir discutiendo el tema del aborto en México bajo las condiciones de participación política actuales, es estar en un espacio público de discusión que no es tomado en cuenta por los representantes. Antes de seguir con la discusión de temas torales que atraviesan a toda la ciudadanía, como son la legalizacion o no de las drogas, la eutanasia, las bodas entre parejas del mismo sexo, etcétera, debemos discutir los mecanismo de participación que tendrá la ciudadanía y la medición de su opinión por medio del voto, o sea, lo que debemos de discutir es la llamada “Reforma Política” y la instauración de mecanismo de democracia directa o semi-directa como es el “Referéndum”.

Si la Reforma Política no logra generar mecanismos de participación y no reconoce el poder que ostenta la ciudadanía, nuestra democracia “representativa” sólo servirá para elegir a políticos que se colocan en los puestos de gobierno y decisión como “iluminados” que toman decisiones en los temas que afectan a la ciudadanía desde su “respetable” opinión, que no deja de ser, como la de cualquier ciudadano, “estados mentales”. De allí que pueda concluir que en el tema de las “leyes antiaborto”, la opinión de los públicos que habitan en la sociedad mexicana no fue tomada en cuenta, permitiendo que unos “iluminados” hicieran una decisión autoritaria.

 

Nota: Publicado en el suplemento político Ágora el 17 de octubre 2011

 

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